Presentan estudio sobre violencia contra defensoras ambientales en Chile
Estudio ofrece un diagnóstico sobre la situación de las mujeres defensoras ambientales para contribuir al diseño de políticas públicas que fortalezcan su labor.
El estudio fue desarrollado por Fundación Multitudes, con el financiamiento de la Embajada Británica, en el marco del proyecto “Estudio sobre mujeres defensoras de derechos humanos en materias medioambientales: recomendaciones para las políticas públicas”.
El jueves 30 de abril se presentará en el Auditorio de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile el estudio “Defensoras ambientales en Chile: Patrones estructurales de violencia, brechas institucionales y desafíos para la implementación del Acuerdo de Escazú”, investigación que entrega un diagnóstico inédito sobre las múltiples formas de violencia y riesgos que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en el país.
La actividad busca convocar a medios de comunicación, autoridades, academia y sociedad civil a conocer los principales hallazgos del informe, así como sus recomendaciones para el fortalecimiento de políticas públicas de protección contra la violencia hacia las mujeres y la implementación de los compromisos asumidos por Chile tras la ratificación del Acuerdo de Escazú.
El estudio fue desarrollado por Fundación Multitudes, con el financiamiento de la Embajada Británica, en el marco del proyecto “Estudio sobre mujeres defensoras de derechos humanos en materias medioambientales: recomendaciones para las políticas públicas”. La investigación contó además con la participación de contrapartes técnicas de instituciones públicas relevantes, entre ellas el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A partir de una metodología mixta, con enfoque de género e interseccional, la investigación combinó herramientas cuantitativas y cualitativas para comprender cómo distintas condiciones territoriales, sociales y culturales influyen en las experiencias de violencia y riesgo de las defensoras medioambientales.
El trabajo de campo incluyó once grupos focales realizados en ocho regiones del país: Arica, Coquimbo, Quintero, Santiago, Temuco, Cañete, Chiloé y Rapa Nui, y contó con la participación de 113 mujeres defensoras, además de entrevistas en profundidad y una encuesta exploratoria con 203 respuestas válidas.
Resultados del estudio
Los resultados muestran que las mujeres defensoras enfrentan violencias múltiples y escalonadas, que se expresan en ámbitos sociales, políticos, territoriales, institucionales y digitales. Entre las principales manifestaciones se identifican amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio y criminalización, violencia digital, presiones económicas, obstáculos en el acceso a protección institucional e incluso hechos de violencia directa, como allanamientos o ataques armados.
El componente cuantitativo del estudio revela que el 50,9% de las defensoras ha experimentado violencia psicológica, mientras que el 78,8% manifiesta preocupación por su integridad física o la de sus familiares como consecuencia de su labor. Asimismo, tanto actores privados como instituciones estatales, incluidas sus fuerzas de seguridad, son percibidos como responsables de situaciones de presión, hostigamiento o conflicto.
La investigación también evidencia una brecha en la implementación de los compromisos normativos existentes. Estos nudos críticos adquieren particular relevancia en el contexto del proceso de discusión del proyecto de ley sobre normas de protección de personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales (Boletín N°16.886-12), y a la implementación del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
Recomendaciones
A partir de estos hallazgos, el informe propone una serie de recomendaciones de política pública, entre ellas el fortalecimiento del marco normativo, la creación de mecanismos institucionales especializados, el aseguramiento de financiamiento adecuado, el refuerzo de redes de apoyo psicosocial y legal, y la promoción de un ecosistema amplio de protección que involucre al Estado, la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación.
El embajador británico, David Concar, quien ofrecerá unas palabras antes de que se presente el estudio, afirmó que “desde el Reino Unido consideramos fundamental apoyar iniciativas que fortalezcan la defensa de los derechos humanos y la gobernanza ambiental. Este estudio entrega evidencia rigurosa sobre los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras ambientales en Chile. Contar con información empírica es esencial para que los estados puedan diseñar políticas públicas eficaces y coherentes con sus compromisos internacionales, en particular con aquellos asumidos tras la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú”.
Agregó que “este estudio refleja también nuestra convicción de que la protección de las defensoras medioambientales debe abordarse con un enfoque de género y considerando las distintas realidades territoriales y culturales del país”.
Para leer el informe, ingrese al siguiente link:
Más información
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